Ante los crecientes cuestionamientos políticos y gremiales sobre el desempeño de la institución en las causas vinculadas al colapso de ueno bank y el caso “Sobres del Poder”, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un extenso comunicado de descargo en el que defiende su autonomía, rechaza presiones externas y expone el balance técnico de sus actuaciones.
En el documento, el Ministerio Público enfatiza que su labor no responde a coyunturas políticas ni valoraciones mediáticas, sosteniendo que las imputaciones deben basarse exclusivamente en elementos objetivos y no en la reconstrucción retrospectiva de hechos que no obraban inicialmente en los expedientes.
Respecto a la investigación abierta en septiembre de 2025 a cargo del fiscal Jorge Arce, la FGE aclaró por qué no avanzó inicialmente sobre la situación patrimonial del entonces presidente Santiago Peña.
En mayo de 2026, la Contraloría General de la República (CGR) remitió un examen de correspondencia patrimonial en el que sus auditores concluyeron que no existían irregularidades, sumado a reportes preliminares del BCP y Seprelad sin indicadores de lavado de activos. La Fiscalía sostuvo que no podía sustituir arbitrariamente el dictamen técnico del órgano contralor sin nuevas pruebas.
Ante el reciente anuncio de la CGR sobre la ampliación del universo temporal y patrimonial examinado respecto al exmandatario, la institución señaló que los nuevos hallazgos podrán habilitar diligencias penales adicionales.
El comunicado confirmó que Luz Candado fue incorporada al Programa de Protección a Testigos, activándose protocolos de seguridad cuyos detalles se mantienen bajo reserva.
TOMADO DEL DIARIO HOY DE PARAGUAY
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